JUSTICIA PELIGROSA:
ESTE MATRIMONIO
DESIGNÓ MÁS DE 400 JUECES...
Tenemos todo el derecho a sospechar que todos los
designados jamás defenderán al ciudadano de a pié.
Las demostraciones de la indecencia de muchos magistrados, me lleva a sostener que la Justicia actual, es altamente peligrosa para nuestras libertades.
Si tiene la desgracia de caer en los juzgados de algunos de estos "sospechosos", recúselo!!!
No deje que un potencial ladrón acometa sobre sus derechos!!!
Lo sucedido ayer en el Senado, con la cuestión de Irán, nos deja en estado de abandono, porque los "legisladores" privilegiaron el capricho presidencial, a nuestra seguridad, ante un Estado terrorista.
con jueces, y políticos, como los de ayer, nuestra continuidad como sociedad libre, está gravemente amenazada.
Con una "justicia", que responde a un régimen político, lo que debemos hacer es enfrentarlos!
No debemos entregarnos mansamente a sus voluntades, criminales.
Política judicial
El kirchnerismo designó a más de la mitad de los jueces nacionales.
La Presidenta critica a la Justicia y promete "democratizarla", pero de 730 jueces, ella y su marido nombraron a 400; adeuda más de 50 vacantes.
En los últimos meses, Cristina Kirchner viene cuestionando con dureza a la Justicia, y la semana pasada informó que estaba preparando un proyecto para "democratizar" la selección de jueces , así como su enjuiciamiento.
Pero más de la mitad de los jueces nacionales y federales que están en
actividad fueron nombrados por el kirchnerismo:
la Presidente y su antecesor,
Néstor Kirchner, eligieron al 54,8% de los magistrados, contando jueces,
camaristas y ministros de la Corte.
En total, los jueces en ejercicio son 730, según los datos oficiales del Poder Judicial; de ellos, 400 fueron designados desde el 25 de mayo de 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, según un relevamiento realizado por LA NACION sobre las listas publicadas por el Consejo de la Magistratura.
En este período fueron nombrados, además, otros 61 jueces que ya dejaron sus cargos o están llamados a ocupar juzgados que todavía no fueron puestos en funcionamiento.
La Presidenta tiene más de 50 vacantes por cubrir, 34 de ellas desde hace más de dos años.
Del análisis de cada uno de los concursos surge que el Poder
Ejecutivo tardó en promedio 13 meses para elegir a cada juez.
Además del Poder Ejecutivo, en el proceso de selección de jueces intervienen el Consejo de la Magistratura, donde el oficialismo es el grupo más fuerte, y el Senado, que tiene mayoría kirchnerista.
La ley del Consejo de la Magistratura,
que regula su funcionamiento, fue un proyecto de Cristina Kirchner, que por
entonces era senadora.
Por eso, fuentes del Gobierno afirmaron que difícilmente
la "democratización" incluya volver a modificar los ejes de esa ley.
En qué consiste el proyecto de la Presidente es, para los jueces, una incógnita.
"Nos parece bien que se hagan transformaciones", dijo una
fuente de la Corte.
"Siempre hemos reclamado más celeridad en el sistema
de selección de jueces", agregó.
El Consejo de la Magistratura y la Presidenta fueron siempre los destinatarios de las quejas de los magistrados por la lentitud en la cobertura de vacantes, pero ninguna de las fuentes del oficialismo consultadas por LA NACION apuntó a los tiempos del sistema como eje a modificar con su plan de democratizar los tribunales.
"La Presidente está haciendo una exhortación.
Puede haber advertido que
[jueces que ella designó] no tenían el compromiso democrático debido, por
ejemplo, para respetar las leyes del Congreso y los decretos del Poder
Ejecutivo", manifestó un funcionario con acceso a la residencia de Olivos
que ha trabajado en proyectos vinculados a los tribunales.
Y advirtió:
"De
todos modos, los jueces que más fallan contra el Estado y a favor de las
grandes corporaciones son los que ella no nombró, y muchos vienen incluso de la
dictadura".
Era una referencia a la Cámara Civil y Comercial Federal, que en los últimos tiempos dictó una sucesión de fallos adversos al Gobierno, sobre todo en dos causas de especial sensibilidad política:
el caso contra el Grupo Clarín por la
ley de medios audiovisuales y la causa por la estatización del predio de la
Rural en Palermo.
En ese tribunal, cuando el caso Clarín pasó a ocupar el centro de la escena, tres de los camaristas civiles y comerciales eran jueces nombrados por el kirchnerismo; los otros cinco habían sido designados antes (uno de ellos renunció desde entonces).
Es la contracara de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo, el tribunal a donde la Casa Rosada pretendió derivar antes del
7 de diciembre el caso Clarín: la gran mayoría de sus integrantes fue designada
por el kirchnerismo.
No obstante, si bien esta cámara es menos propensa a fallar contra el Gobierno, también le generó un disgusto cuando rechazó las recusaciones contra los camaristas que estaban interviniendo en el caso de la ley de medios.
En las últimas semanas, la Presidente endureció su discurso hacia la Justicia:
"Cuando hay dinero de por medio, no les importa nada", dijo en un
acto de diciembre, en referencia directa a los jueces.
El 5 de enero añadió que
el sistema judicial "está severamente dañado por la falta de
administración de justicia".
Casi todas sus críticas tuvieron como destinataria a la Cámara Civil y Comercial Federal, cuyos miembros, además de recusados en varias ocasiones, fueron denunciados por el kirchnerismo.
También, en forma más discreta, a la Corte Suprema.
Pese a que cuatro de sus
siete miembros actuales llegaron al cargo con el kirchnerismo, en estos días el
máximo tribunal tiene una relación tensa con el Gobierno.
"Cuando se trata de funcionarios hay una larga cola de jueces para investigar", le reprochó el lunes pasado la Presidente al Poder Judicial.
Entre los magistrados que investigan al poder político también es alto el
índice de los nombrados por el kirchnerismo.
En los juzgados federales penales de Comodoro Py, donde están radicadas las principales causas de corrupción contra funcionarios, siete de los doce jueces de primera instancia fueron elegidos por Néstor o Cristina Kirchner (Daniel Rafecas, Ariel Lijo, Julián Ercolini, Sebastián Ramos, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi y Luis Rodríguez).
Los otros cinco venían desde antes (María Romilda Servini de Cubría, Norberto Oyarbide, Rodolfo Canicoba Corral, Claudio Bonadio y Sergio Torres).
Rafecas, pese a haber sido elegido por el kirchnerismo, tiene un pedido de juicio político en su contra promovido por el Gobierno, a partir de su actuación en la causa que involucra al vicepresidente Amado Boudou.
El Consejo de la Magistratura, con mínima actividad y mucho trabajo adeudado
